Esta sentencia pone una vez más de manifiesto la perversa paradoja que supone la Disposición Final segunda del Proyecto de Ley de Economía Sostenible, cuya concepción y objeto no parece ser otro que el de dar potestad a un órgano administrativo para que cierre páginas como la que hoy mismo ha sido declarada por un juez no vulneradora de derecho de propiedad intelectual alguno